ROSALINDA CLAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD, AUTORIDADES NO LA ESCUCHAN
La policía ministerial exhibió que uno de los implicados en el ataque contra sus hijos quería ser juez y días después uno de los autores materiales fue liberado por error durante unas horas; uno más fue puesto bajo prisión domiciliaria, minimizando el riesgo para ella y su hija.
El caso de Rosalinda Ávalos se hizo público cuando irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para advertir que uno de los implicados en los asesinatos de dos de sus hijos, se perfilaba para ser juez en la próxima elección judicial.
Con su denuncia, Rosalinda Ávalos consiguió que Sabas Santiago Ipiña fuera excluido del proceso electoral, al no cumplir con los requisitos constitucionales, que el comité de selección no había detectado. Sin embargo, la mujer tiene que librar una batalla constante para buscar justicia y que los implicados en el crimen contra su familia no sean liberados.
Pese a que hay nueve detenidos por el ataque a sus hijos ocurrido en 2020, Rosalinda Ávalos no ha logrado que los lleven a juicio.
Tras dos décadas como policía en San Luis Potosí, la vida de Rosalinda dio un vuelco el 11 de septiembre de 2020. Mientras trabajaba halló a dos de sus compañeros, agentes ministeriales, a bordo de una camioneta robada. La policía jaló del hilo y descubrió una red de encubrimiento y corrupción policiaca por ello recibió amenazas y lo notificó a sus superiores, pero no recibió protección. Justo dos meses después, la tarde del 11 de noviembre de ese año, la policía de investigación recibió una llamada de una de sus hijas, Yajaira —única sobreviviente— quien le avisó que les habían disparado a ella, a su hermana Daniela y a su hermano Carlos a bordo de su automóvil afuera de su vivienda. A partir de diciembre comenzaron las detenciones de los implicados, cinco en total. Con las investigaciones, Rosalinda supo que cuatro policías acompañaron a los sicarios el día del ataque y les señalaron dónde vivía la familia. Esas son las nueve personas detenidas, de una veintena que la madre de familia tiene identificados bajo lo que denomina “el cártel de la ministerial”.
