La vida de muchas mamás cuidadoras en México es un tema bastante preocupante y olvidado, si bien ya existen demandas largamente señaladas por grupos feministas, grupos de familias con hijos discapacitados y desde hace cuatro años propuesta a nivel legislativo, el Sistema Nacional de Cuidados sigue siendo un pendiente sin resolver, pese a que potenciaría la participación económica de las mujeres y sería un paso fundamental para nivelar las brechas que enfrentan. El 18 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado digno, pero quedó congelada en el Senado.

En dicha reforma se contemplaba garantizar el derecho y promover la corresponsabilidad en tareas de cuidado. Una iniciativa legislativa, presentada en 2021 por la senadora Malú Micher, propuso una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados para la distribución de estos entre el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, las comunidades y las familias.

La concepción de una obligatoriedad y exclusividad de los trabajos domésticos y de cuidado para las mujeres, así como la devaluación de esas labores –plantea la iniciativa–, redundan en su invisibilización, lo que contribuye de manera negativa al agravamiento de vulnerabilidades para mujeres y niñas.  

Por ello es vital generar una oferta de servicios de cuidados. La reforma constitucional es necesaria no solo por el reconocimiento del derecho al cuidado, sino como base para una ley general en la materia.